El Parlamento de El Salvador ha dado luz verde a una polémica medida que permitirá a los jueces del país llevar a cabo juicios colectivos para reos, es decir a grupos de aproximadamente 900 reos que pertenezcan a la misma organización delictiva. Estos reos han sido capturados dentro del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La nueva disposición, aprobada con 44 votos a favor y 22 en contra, implica que la Fiscalía no estará obligada a presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros durante el proceso judicial penal. Según el vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, esta medida “facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes”.
Defensores de los Derechos Humanos preocupados por los juicios colectivos para reos
Sin embargo, la aprobación de esta ley ha generado fuertes críticas por parte de la oposición política y diversos grupos defensores de los Derechos Humanos. Se muestran preocupados por el impacto que podría tener en la garantía de los derechos fundamentales de los reos involucrados. En particular, señalan que la medida podría conducir a capturas arbitrarias y a situaciones de violencia en custodia estatal.
De acuerdo con cifras presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los últimos 16 meses se han registrado 174 muertes de reos en custodia estatal, lo que ha aumentado la inquietud sobre la posibilidad de abusos y violaciones a los derechos humanos en el contexto de estos juicios colectivos.
La controversia en torno a esta nueva ley destaca la complejidad y sensibilidad del tema de seguridad y justicia en El Salvador, un país que ha enfrentado históricamente altos índices de violencia y delincuencia. Mientras algunos ven en esta medida una oportunidad para agilizar el proceso judicial y combatir la delincuencia organizada, otros la consideran una amenaza para el debido proceso y los derechos de los detenidos.